El Senado de la República ha recibido una iniciativa que busca modernizar el marco legal ambiental del país mediante la creación de la Ley General de Biodiversidad. La propuesta, presentada por la senadora Maki Esther Ortiz Domínguez, presidenta de la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático, pretende alinear la legislación nacional con los compromisos internacionales asumidos por México en materia de conservación.
Durante su intervención, Ortiz Domínguez subrayó la relevancia de la biodiversidad como un componente clave de la identidad nacional y un recurso estratégico fundamental para la economía, la cultura y el bienestar del país.
“Nuestra riqueza natural es el pilar de nuestra identidad y un elemento estratégico que ha sostenido por siglos nuestra economía, nuestra cultura y nuestro bienestar”, afirmó la legisladora.
México ocupa el quinto lugar global en diversidad biológica y forma parte del grupo de 12 países que concentran el 70% de la biodiversidad mundial. En el territorio nacional habita alrededor del 10% de las especies endémicas del planeta, lo que refuerza la necesidad de fortalecer las políticas de conservación.
La senadora enfatizó la urgencia de actualizar la legislación ambiental ante datos alarmantes, como la existencia de más de 1 millón de especies en peligro de extinción a nivel mundial y la degradación del 60% de los ecosistemas. En el caso de México, más de 2,400 especies se encuentran en alguna categoría de riesgo.
La iniciativa cuenta con el respaldo de más de 50 legisladores de distintas bancadas y destaca problemáticas como el tráfico ilegal de especies, fenómeno que afecta a cerca de 4,000 especies a nivel global, según cifras de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Por otra parte, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) estima que el impacto de la degradación ambiental en México representa un costo equivalente al 4.5% del Producto Interno Bruto (PIB). En tanto, el valor de los servicios ecosistémicos en el continente americano se calcula en al menos 24.3 billones de dólares, reflejando la importancia económica de preservar el entorno natural.
La propuesta legislativa contempla la creación de un Sistema Nacional de Información sobre Biodiversidad, el fortalecimiento de la regulación del comercio de especies y la implementación de medidas para la restauración de ecosistemas degradados.
“Debemos actualizar nuestro marco legal para responder de manera efectiva a esta realidad”, concluyó la senadora Ortiz Domínguez, reafirmando su compromiso de impulsar acciones que garanticen la protección ambiental y un futuro sostenible para las próximas generaciones.
