El incremento a la tarifa del transporte público en Jalisco y el modelo de cobro vinculado a la “Tarjeta Única al Estilo Jalisco”, operada por Servicios Broxel, provocaron nuevas protestas ciudadanas en el centro de Guadalajara. Los inconformes exigieron al gobierno estatal detener el aumento al pasaje, que pasará de 9.50 a 14 pesos, así como eliminar el esquema que condiciona el subsidio al registro en una plataforma privada.
La manifestación, realizada durante el fin de semana, se sumó a una serie de movilizaciones que ya alcanzan siete en lo que va de enero. Los participantes recorrieron calles del centro histórico y realizaron actos informativos para advertir sobre las implicaciones del nuevo sistema de pago, cuya entrada en vigor se prevé para abril.
Durante la protesta, los ciudadanos llamaron a no tramitar la tarjeta administrada por Broxel y cuestionaron la exigencia de proporcionar datos personales y biométricos para acceder a la tarifa preferencial. “Nos están obligando a aceptar una tarjeta privada para poder pagar menos, cuando el transporte es un servicio público”, expresó uno de los asistentes. Otros señalaron que el requisito de registro y la aceptación de términos y condiciones restringen el acceso al subsidio para amplios sectores de la población.
El ajuste tarifario, equivalente a un aumento de 47%, fue publicado el 27 de diciembre en el Periódico Oficial del Estado de Jalisco. El esquema establece una tarifa general de 14 pesos para pagos en efectivo, mientras que los usuarios registrados en la Tarjeta Única podrán pagar 11 pesos por viaje. En el caso de estudiantes, el costo será de 5 pesos, también condicionado al uso del mismo sistema.
Servicios Broxel opera como Sociedad Financiera Popular (Sofipo). En 2020, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores la sancionó por incumplimientos en materia de prevención de lavado de dinero. Pese a ello, el gobierno estatal le otorgó un contrato con vigencia hasta 2030, que contempla un pago mensual de 5.45 pesos por cada tarjeta activa, con un límite de hasta cinco millones de plásticos. De alcanzarse ese tope, el monto anual superaría los 300 millones de pesos de recursos públicos.
El contrato incluye además una cláusula que obliga al gobierno de Jalisco a pagar al menos por 40% de las tarjetas, aun cuando no se utilicen, lo que garantiza a la empresa ingresos mínimos cercanos a 11 millones de pesos mensuales. A este esquema se añaden cobros directos a los usuarios por reposición de tarjeta, transferencias y aclaraciones.
El descontento social también avanzó por la vía institucional. El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco habilitó la plataforma “¡Fírmale!” para promover un referéndum contra el aumento al transporte. Hasta el 22 de enero, el sistema registró más de 14 mil 600 firmas digitales, cifra que rebasa en más de 300% el mínimo requerido, además de miles de apoyos recabados en formato físico y entregados ante el propio organismo.
Colectivos ciudadanos y activistas advirtieron que el impacto del alza recaerá principalmente en los sectores de menores ingresos y en las zonas periféricas, donde los traslados diarios requieren el uso de dos o más unidades de transporte para acudir al trabajo o a la escuela.
Los organizadores informaron que las protestas continuarán y que analizan nuevas acciones legales para frenar tanto el aumento a la tarifa como el esquema que condiciona el acceso al subsidio público a la entrega de datos personales de millones de usuarios a una empresa privada.
