Por Rita Magaña Torres
En la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) “no hacemos oídos sordos” ante la polémica que se generó por las nuevas camionetas blindadas de 2.4 millones de pesos, por lo que se decidió no utilizarlas, porque hasta podrían trasladarse en autobús o en metro para llegar al Alto Tribunal para desempeñar sus labores.
Asi lo afirmó el ministro presidente de la SCJN, Hugo Aguilar Ortiz, en compañía de cinco ministros y el presidente del Órgano de Administración Judicial (OAJ), Néstor Vargas,
en un encuentro con representantes de los medios de comunicación en la sede de la SCJN por la compra de camionetas para la renovar 571 unidades del Poder Judicial de la Federación (PJF).
En ese marco, justificaron que no usarán las camionetas por seguridad vial, la sustitución de unidades arrendadas modelo 2022 – 2023 y las medidas de austeridad permitirán ahorrar más de mil millones de pesos en los próximos tres años.
Indicó que la seguridad no equivale a lujo y la austeridad no debe afectar su operación. Además, anunció que los vehículos adquiridos podrán ponerse a disposición de personas juzgadoras que enfrenten mayores riesgos, dentro del marco legal y las decisiones administrativas seguirán guiándose por criterios de racionalidad, eficiencia, transparencia e interés público, sujetas al escrutinio de la ciudadanía.
A pesar de estos señalamientos, los ministros no aclararon qué vehículos usarán para el desempeño de sus labores.
Afirmaron que la decisión se justificó por razones de seguridad vial, la sustitución de unidades arrendadas modelo 2022 y 2023, “negociamos hasta el último minuto para que fuera a un menor costo”.
Aguilar Ortiz expresó que se debe tener la plena certeza que hicieron las cosas con mucha responsabilidad, “en lo personal puedo andar hasta el metro, no tengo problema”.
Mencionó que desde 2010 los ministros cuentan con medidas de seguridad de acuerdo con la responsabilidad del cargo, que incluía el uso de vehículos blindados.
El ministro presidente del Alto Tribunal precisó que la integración de la Corte anterior tenía a su disposición 43 unidades, pero al inicio de la actual se recibieron 39 vehículos, ya que cuatro “en mejores condiciones”fueron compradas por los ministros en retiro.
Hugo Aguilar aseguró que los vehículos disponibles, modelos 2019, 2020 y 2021, tenían un deterioro y fallas mecánicas, el blindaje había rebasado su vida útil, eso fue confirmado por evaluaciones técnicas y análisis de riesgo de instancias internas y autoridades de seguridad.
Por ello, comentó que se tomó la decisión de renovar el parque vehicular con la adquisición de nuevas unidades y la desincorporación de la mayoría de las existentes.
Hugo Aguilar informó que 21 unidades se pondrán a la venta. No obstante y ante la polémica pública que se originó, se determinó un acuerdo con el pleno de ministros para no utilizar los vehículos recientemente adquiridos y actuar con austeridad, sin comprometer la seguridad ni el funcionamiento institucional, especialmente ante el incremento de viajes terrestres al interior del país.
Relató que en un traslado a Huejutla, Hidalgo, su camioneta quedó parada por la ruptura de un rin, pues son unidades diseñadas para uso urbano, poco aptas para viajes de campo
“La decisión no fue una decisión subjetiva, arbitraria ni caprichosa para adquirirlo, está justificado, ahora, lo que queremos reiterar, decir, es que el ministro puede andar como cualquier ciudadano común, podemos ir al campo, si hay necesidad, en autobús, en vuelo o en nuestros propios vehículos”, señaló.
En su oportunidad, el presidente del OAJ, Néstor Vargas, detalló que la compra de los autos modificó el esquema de arrendamiento de automóviles para la compra de unidades, eso permitirá que los vehículos sean patrimonio del Poder Judicial de la Federación y generará ahorros cercanos a mil millones de pesos en los próximos años.
Lo anterior, agregó, bajo criterios de austeridad, eficiencia y transparencia.
