Miguel Ángel Vázquez Reyes conocido como el “Zar de la nómina” y subsecretario de Administración y Capital Humano en la Secretaría de Finanzas capitalina en la administración de Miguel Ángel Mancera, entregó al Ministerio Público (MP) datos, nombres y documentos que podrían acreditar la distribución de cerca de mil millones de pesos (mdp) entre diversos servidores públicos y actores políticos en forma indebida.
Lo anterior, luego de que desde septiembre pasado se convirtiera en Testigo Protegido de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX (FGJCDMX), asimismo, la información proporcionada es en seguimiento a la investigación en perjuicio del erario público, en la que posiblemente se encuentra relacionado Miguel Ángel “N”, quien se encuentra en prisión domiciliaria y no ha sido exonerado de ninguno de los delitos que se le acusan.
La información se verifica para corroborar su autenticidad, particularmente los documentos son analizados por peritos en grafoscopia, asimismo, Vázquez Reyes proporcionó la misma con la finalidad de reducir su pena en caso de ser hallado culpable y de mantenerse en libertad.
Entre los implicados estarían los hermanos Luis Ernesto y Julio César Serna Chávez, secretario particular y jefe de Gabinete en la administración de Mancera, así como Arturo Grinberg quien fungiría como prestanombres y quien además es director general de Grupo Automundo y accionista de las empresas Mitsu Interlomas, Ecodry Carwash de México, Empresas Grebni, Tenedora Aysg, Grinb Controladora, y Tetush, esto último de acuerdo a datos del Registro Público del Comercio.
El representante social de la Fiscalía para la Investigación de los Delitos Cometidos por Servidores Públicos cuenta con elementos de prueba suficientes en la indagatoria, no obstante, integra la información aportada por el imputado, en donde señala a personas servidoras públicas, así como actores políticos, con la finalidad de ampliar las líneas de investigación, mismas que podrían establecer la posible comisión de delitos.
Asimismo, la FGJCDMX informó que no tolerará conductas al margen de la Ley en las que puedan estar relacionadas ex servidoras y/o servidores públicos, por lo que refrenda su compromiso de investigar y buscar sanciones, a fin de evitar la impunidad.
