Los brazaletes electrónicos representan una opción entre las medidas cautelares que prevé la legislación nacional y constituyen una alternativa a la prisión preventiva, que es más adecuada con los principios que cimientan nuestro modelo de sistema de justicia penal, afirmó la jueza Belem Bolaños Martínez.
Hoy en día, la vigilancia electrónica es un instrumento que puede ayudar a ejecutar de forma más cómoda y efectiva una medida cautelar, alterna a la prisión preventiva, reduce la población penitenciaria y los gastos de mantenimiento del sistema penitenciario, resaltó.
Comentó que, como toda figura, hay argumentos a favor y en contra de los brazaletes electrónicos, pero es innegable que facilitan cualquier alternativa a la prisión, además de que permiten tener a la persona localizada y controlada las 24 horas del día, durante los 365 días del año.
La también académica expuso que un dispositivo electrónico es un mecanismo de aseguramiento de la no desasocialización del usuario, que le permite quedarse en el espacio de su hogar, mientras es procesado, lo que le permite, incluso, mantener su trabajo o acudir a su centro escolar.
Además, dijo, contribuyen la despresurizar el hacinamiento en los centros de reclusión, ya que más gente podrá cumplir con sus obligaciones procesales ante un juicio penal, fuera de los centros penitenciarios.
Bolaños Martínez subrayó que los dispositivos electrónicos también significan ahorro económico y en recursos humanos, ya que se tiene a las y los imputados fuera de los centros de reclusión y se evita el mantenimiento de cada persona privada de su libertad.
Dejó en claro que la idoneidad de los brazaletes electrónicos no debe ir en detrimento de los derechos humanos y garantías constitucionales, por lo que su empleo debe ser sometido al cumplimiento de estrictos requisitos legales que mitiguen los riesgos que suponen para sus prerrogativas procesales vigentes.
Es decir, sólo pueden utilizarse cuando estén previstos por la ley, no exista un medio legal menos lesivo para lograr la misma finalidad, y exista autorización judicial previa y control jurisdiccional posterior, indicó Belem Bolaños.
