La violencia verbal y física registrada hasta el momento durante el presente proceso electoral, solo ha merecido declaraciones poco convincentes del primer mandatario y de las autoridades responsables de velar por la seguridad de los candidatos. Palabrería inútil ante el derramamiento de la sangre de más de una treintena de aspirantes.
La condena de estos y otros hechos de violencia contra los políticos en competencia electoral, si no van acompañadas de medidas de protección y de persecución de los homicidas, ponen de manifiesto, una vez más, la profunda indiferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador ante las víctimas, ya sea por la violencia, la falta de medicamentos; o por desastres naturales o la negligencia oficial, como en el derrumbe de un tramo de la línea 12 del Metro.
De acuerdo con informaciones publicadas, en buena medida los asesinatos de candidatos, de todos los colores y sabores, deben achacarse a grupos de delincuencia, que de esa manera hacen sentir su presencia y peso específico en las comunidades.
Cabe recordar que a mediados de marzo, el jefe del Comando Norte de Estados Unidos, el general Glen VanHerck, señaló que entre 30 y 35 por ciento del territorio mexicano es controlado por organizaciones criminales.
“El tráfico de drogas, la migración, el tráfico humano, son síntomas de las organizaciones criminales trasnacionales que están operando con frecuencia en áreas ingobernables de México, las que están creando algunas de las cosas con las que estamos lidiando en la frontera”, puntualizó en esa fecha el funcionario estadounidense.
Y como es su costumbre el primer mandatario y la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana Pública, Rosa Icela Rodríguez, negaron esta apreciación de VanHerck. Tajantemente la rechazaron, aunque reconocieron que en algunas regiones del país hay “presencia” de grupos delictivos que se “combaten diariamente con todo el aparato del Estado”.
Fraseología que asegura al gobierno aparecer en los medios de comunicación, pero sin sustento real, pues las propias estadísticas oficiales muestran que más del 90 por ciento de los crímenes quedan impunes. Mismo o tal vez mayor porcentaje de impunidad se registra cuando se trata de crímenes políticos.
Además de los intereses criminales, la diaria polarización generada por el titular del ejecutivo en sus mañaneras, donde a diario fustiga a los gobiernos pasados y a lo que el denomina el Partido Conservador, en el cual caben todos sus críticos y opositores, da lugar a agresiones entre simpatizantes de los distintos bandos que, conforme se acerca la jornada electoral se hacen más frecuentes y más virulentas.
La pasividad del lopezobradorismo frente a los signos de descomposición política, formarían parte de una estrategia perversa -de ser cierta- para inhibir la participación ciudadana en los comicios de medio camino. Esa es una opción.
La otra, está conformada por la multiplicación de denuncias de actos irregulares de los opositores, que contarían con el beneplácito de las autoridades electorales, para no reconocer los resultados del sufragio emitido por los mexicanos.
Es decir, Morena estaría auspiciando el binomio violencia-fraude como apuesta para exigir la anulación de los comicios de 2021, en caso de no obtener las posiciones que le garantice seguir siendo mayoría en la Cámara de Diputados y algunas gubernaturas, sin importar la sangre que pudiera correr antes, durante y después de la jornada electoral.
He dicho.
EFECTO DOMINÓ
La supuesta ganga “hot sale” que obtuvo México al comprar la refinería Deer Park, que resultó con una deuda de 980 millones de dólares, en realidad vendrá a engrosar el Fobaproa petrolero que nos heredará López Obrador y que, al paso que va, puede ser una carga más pesada que el Fobaproa original.
