Por Rita Magaña Torres
El pleno del Senado aprobó por unanimidad la reforma al articulo 127 de la Constitución enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum, a fin de eliminar las llamadas “pensiones doradas” de exfuncionarios y exdirectivos de empresas estatales y organismos públicos.
Con 116 votos a favor, 0 en contra y 0 abstención, la modificación constitucional turnó a la Cámara de Diputados y deriva de una iniciativa que presentó Sheinbaum Pardo, el pasado 3 de marzo, a fin de establecer que las pensiones de las entidades públicas no pueden exceder de la mitad de la remuneración de la persona titular del Ejecutivo federal.
De esta manera, cualquier pensión otorgada en el sector público no supere la mitad del salario mensual que percibe el o la Presidenta de la República, es decir, aproximadamente 70 mil pesos mensuales.
Y esto aplica para el personal de confianza a cargo de los organismos descentralizados, las empresas públicas del Estado, las sociedades nacionales de crédito, las empresas de participación estatal mayoritaria y los fideicomisos públicos constitutivos de entidades paraestatales, todos del gobierno federal.
Asimismo en los organismos descentralizados, las empresas de participación estatal o municipal mayoritaria, las empresas y los fideicomisos públicos de las entidades federativas y de los municipios.
La reforma excluye de esta disposición a las Fuerzas Armadas; las jubilaciones o pensiones que se constituyan a partir de aportaciones voluntarias a sistemas de ahorro para el retiro basados en cuentas individuales; las constituidas a partir de aportaciones sindicales en los sistemas de ahorro complementarios, y la pensión no contributiva.
En sus disposiciones transitorias, la reforma precisa que todas las jubilaciones o pensiones que se hayan otorgado con anterioridad a la entrada en vigor del decreto deberán ajustarse al límite establecido, incluyendo las que se encuentren vigentes.
Con la implementación de esta medida, el gobierno federal estima un ahorro aproximado de 5 mil millones de pesos, actualmente destinados a exfuncionarios con pensiones millonarias provenientes de organismos como la extinta Luz y Fuerza del Centro, Banobras, Pemex y Nacional Financiera.
Según datos oficiales, entre tres mi 404 y cinco mil 600 exfuncionarios y exdirectivos de empresas estatales y banca de desarrollo perciben pensiones superiores al salario presidencial.
Algunas jubilaciones alcanzan montos de 100 mil hasta un millón de pesos mensuales, situación que motivó esta reforma constitucional.
Los principales emisores de estas pensiones son Pemex y CFE, con 544 y 2,199 pensionados, respectivamente, que superan el salario presidencial.
Otras entidades con casos relevantes incluyen Nafin con 9 personas, Banobras con 19 personas) y Bancomext con 22 personas.
En total, se estima que cerca del 67% de unos 14 mil pensionados en ciertos organismos reciben ingresos superiores al tope presidencial.
