La bancada del PRI en la Cámara de Diputados, que encabeza René Juárez Cisneros, rechazó el decreto del Presidente de la República por el que las Fuerzas Armadas pueden llevar a cabo tareas de seguridad pública , lo que puede ser un reconocimiento tácito del Ejecutivo Federal del fracaso de la estrategia de seguridad.
Advirtió que el decreto genera incertidumbre, entre la ciudadanía como entre los integrantes de las Fuerzas Armadas, sobre sus alcances jurídicos y pone en entredicho el éxito de la estrategia de seguridad de esta administración.
“Si bien ese supuesto estaba considerado en el esquema transitorio de la reforma constitucional aprobada por el Congreso, es preocupante que se aproveche la emergencia de salud que vive el país para emitir un decreto sin justificar la situación extraordinaria ni establecer los mecanismos para regular y fiscalizar la actuación de las Fuerzas Armadas”, subrayó.
En un comunicado, la bancada priísta advirtió que la reforma constitucional no fue un cheque en blanco para usar una facultad sin los controles que establece la propia Constitución.
“La falta de definición conduce a interpretar que el Gobierno pretende aprovechar esta situación de crisis para emitirlo y concentrar más poder”, aseveró.
La fracción subrayó que durante la aprobación de esa reforma constitucional, los legisladores del PRI ratificaron su reconocimiento a la labor extraordinaria de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad, y advirtieron que el éxito para alcanzar la paz dependía de la administración y estrategia del Gobierno.
“El Ejecutivo Federal tiene la responsabilidad de conducir los esfuerzos de la sociedad para lograr la paz y debe ser claro en cuanto a los resultados de estos últimos 18 meses. Las cifras indican que la estrategia de seguridad no está dando resultados positivos. Con la publicación de este decreto estamos ante un reconocimiento tácito de su fracaso hasta el momento”, anotó.
“Tan solo en el 2019 y lo que va de este año, aún en medio de la fase 3 de la pandemia por el Covid-19, las cifras oficiales revelan que la violencia en México no ha dado tregua a las familias mexicanas de todo el territorio. Desde el inicio de la crisis señalamos que era necesaria una estrategia especial que garantizara la seguridad de los mexicanos, en la que se diera una adecuada coordinación entre los diversos órdenes de gobierno”.
Dijo que es necesario revisar los términos del decreto, para garantizar que ninguno de sus cinco artículos y dos transitorios, sean contrarios a lo establecido en la reforma constitucional que creó la Guardia Nacional, con una naturaleza claramente civil.
Aseveró que Ejecutivo debe dejar fuera de toda duda el cumplimiento pleno de las condiciones para la participación de la Fuerza Armada Permanente en tareas de seguridad pública: de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria.
“No basta con que el decreto presidencial se limite a reproducir dichas palabras, debió incorporar y desarrollar mecanismos jurídicos para garantizar su cumplimiento. En consecuencia, el decreto tendría el riesgo de ser inconstitucional”, sentenció.
Las Fuerzas Armadas estarán impedidas a partir de 2024 para realizar funciones de seguridad pública. “Entonces, será indispensable haber alcanzado resultados de la política civil en materia de seguridad, tal como se señala en la reforma que creó la Guardia Nacional”, puntualizó.
Con información del Grupo Parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados.
Fotografía de portada: Cámara de Diputados.
