La bancada del PRI en la Cámara de Diputados respaldó la controversia constitucional que presentó la presidenta de la Mesa Directiva del órgano legislativo, Laura Rojas, contra el acuerdo del Ejecutivo federal por el que se dispone de las Fuerzas Armadas para llevar a cabo tareas de seguridad pública, hasta el 2024.
“Este acuerdo podría ser violatorio de la reforma constitucional por la que se creó la Guardia Nacional, al implicar una invasión de las competencias que le corresponden al Poder Legislativo y avalar de facto la militarización del país”, aseveró.
Sostuvo que el objetivo de esta administración de pacificar al país, no puede pasar por encima de la Constitución, las leyes, los tratados internacionales de los que México es parte, ni de las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), sin ningún tipo de contrapeso.
“La reforma constitucional no fue un cheque en blanco para que se use una facultad sin controles o se hagan interpretaciones a modo de la Carta Magna”, subrayaron los legisladores priístas.
Reiteraron que están a favor de que las Fuerzas Armadas participen en labores de seguridad, “pero seguros de que su actuación está apegada al marco constitucional que exige que sea extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria”.
Confiaron en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como máximo intérprete constitucional, dará cauce legal a la controversia que surge de este acuerdo del Ejecutivo Federal.
