Personal de las gerencias de Recursos Materiales, Adquisiciones y Servicios del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) denunció al director de Administración, Jordi Messenguer, por amenazarlos para favorecer con un nuevo contrato a Servicios Inmobiliarios Iroa, Joad Limpieza y Servicios y Aseo Privado Institucional, firmas que se quedaron sin un contrato de 2021 a 2023 por decisión del Órgano Interno de Control (OIC).
Fue en marzo de 2021 cuando Servicios Inmobiliarios Iroa, Joad Limpieza y Servicios, Aseo Privado Institucional y Tecnolimpieza Delta fueron designadas ganadoras de un contrato por 520 millones de pesos para la limpia de las dos terminales, no obstante, en últimas fechas, el titular del OIC, Guillermo Solís Cruz, dejó sin efectos la presentación de propuestas y el fallo de la compra LA-009KDN001-E37-2021, y mandó reponerlos.
La nueva selección de proveedora se programó para hoy, jueves 7 de julio, luego de un aplazamiento. Entre las interesadas figuran nuevamente las mencionadas, aunque Aseo Privado Institucional y Servicios Inmobiliarios Iroa se presentaron en consorcio con montos por 97 millones de pesos para la terminal 1 y de 83.3 millones de pesos para la terminal 2; mientras que Joad Limpieza y Servicios acudió de forma individual con una oferta de 83.7 millones de pesos para la terminal 2.
Los precios que dichas concursantes colocaron sobre la mesa son los más altos entre las cinco proposiciones captadas el 1 de julio, panorama que trae a la memoria los señalamientos por sobrecostos que el presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó investigar tras un cuestionamiento surgido a mediados de 2021, en una de sus conferencias matutinas.
Asimismo, los autores de la petición para investigar al funcionario refirieron que desde el año anterior se detectaron costos por encima de los del mercado, práctica que repetirían en el concurso actual; mientras que sobre Messenguer Gally desmenuzaron que tiene “intereses personales y económicos con las empresas”, que supuestamente son observables en el periodo que la anterior contratista se mantuvo vigente a pesar de diversos incumplimientos que debían traer consigo la rescisión del acuerdo, pero que según los testimonios, se dejaron de observar y se corrigieron “por instrucciones expresas y precisas del director de administración”.
En el caso de Servicios Inmobiliarios Iroa, por ejemplo, fue detectada una denuncia de la Unión Nacional Independiente de Trabajadores y Empleados de Limpieza (Unityel) para que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) averigüe la presunta evasión de obligaciones obrero patronales con el 65% de los trabajadores que debería tener inscritos, y a sobre los que debería realizar aportaciones al fondo de retiro e Infonavit.
En la descripción de los hechos, aseguraron que Messenguer Gally les indicó que “si las fallas de API (aseo privado institucional) no son salvables, entonces hagan lo necesario para descalificar a todos y se declara desierta la licitación”.
No obstante, respecto a la documentación de Aseo Privado Institucional y Servicios Inmobiliarios Iroa precisaron que no cumple con los requisitos debido a que la empresa es representada por José Roberto Ortíz Álvarez, pero quien signó los manifiestos de no conflicto de intereses fue Montserrat Sánchez Flores.
Según comentaron, al finalizar se dirigieron a Solís Cruz de forma anónima debido a que tienen “razones suficientes y fundadas para temer por nuestra situación laboral, nuestra integridad física y la de nuestros familiares”.
