Durante la reunión del 1 de julio, en Ciudad Victoria, entre familiares de desaparecidos en la llamada “carretera de la muerte” Monterrey-Nuevo Laredo, y el fiscal general de Tamaulipas, Irving Barrios, hubo lágrimas, reclamos, súplicas y reiteradas disculpas de parte del fiscal al escuchar la forma en que los deudos de las víctimas fueron tratados por el personal de la institución a su cargo.
No hubo uno sólo que no se quejara del trato que recibieron al presentar la denuncia por la desaparición de su ser querido en la citada carretera. A algunos como a Casandra, quien busca a su esposo (un trailero que desapareció en junio de 2018) el personal de la Fiscalía le dijo que quizá su marido se había ido porque ya no podía mantener a su familia. De ese tamaño la insensibilidad ante la tragedia.
“Me tupieron de cosas: que se fue con otra, que se fue al otro lado, no quiso estar con ustedes; su personal me lastimó cuando yo lo único que quería era denunciar que estaba desaparecido”, dijo la mujer durante la reunión.
A Margarita Tolentino, quien busca a sus dos hijos desaparecidos en la carretera Monterrey-Nuevo Laredo en enero de este año, contó que, al acudir a las instalaciones de la Fiscalía en Nuevo Laredo, estuvo esperando varias horas y cuando por fin la recibieron le dijeron que no la podían ayudar y que la denuncia la tenía que presentar en Nuevo León.
De regreso, ya en Nuevo León, la volvieron a mandar a Tamaulipas, donde finalmente aceptaron iniciar la denuncia, que, hasta ahora, no tiene ningún avance.
A todos los familiares les pusieron trabas para denunciar. Ese es el drama paralelo de las desapariciones: la falta de sensibilidad de las autoridades para ayudar a quienes buscan a sus seres queridos.
Más aún, además de retrasar la emisión de las fichas de búsqueda, las investigaciones son mínimas, por no decir nulas. Los propios familiares son quienes han hecho el trabajo que le corresponde a la Fiscalía; algunos han obtenido las sábanas de las llamadas del celular de su familiar. Así se supo, por ejemplo, que el teléfono de una de las víctimas lo seguían usando para hacer llamadas, todas a números de Tamaulipas.
En otro caso, los mismos familiares detectaron que fue usada la tarjeta bancaria de la víctima para hacer compras, como reveló el reportero Arturo Ortiz Mayén en un trabajo presentado en el noticiero Despierta de Televisa.
Otros aportaron las últimas ubicaciones de sus familiares, pues varios de ellos habían compartido su localización en tiempo real a través de WhatsApp.
Algunos más se arriesgaron y recorrieron las colonias aledañas donde ocurrió la desaparición, en Nuevo Laredo, lugares como las colonias Alijadores, Granjas Económicas y otros puntos conocidos como “El Ébano” y la Glorieta Guerrero. En todos esos lugares, cercanos al llamado kilómetro 26, sólo encontraron silencio, temor y recomendaciones de que tuvieran cuidado y no confiaran en nadie, menos en la policía.
¿Y las Fiscalías? Bien, gracias. Ellos no hicieron su trabajo y cuando se multiplicaron las desapariciones en esa misma vía lo que hicieron fue repartir culpas, echarse la bolita de un estado a otro, hasta ahora, que se supone, ya van a trabajar de manera coordinada.
Y aunque los familiares se dijeron relativamente satisfechos con esta primera reunión, no deja de ser increíble que a pesar de que hay denuncias desde el año pasado y se ha identificado un mismo perímetro en territorio de Nuevo Laredo, hasta hoy no haya habido un solo operativo de búsqueda en las colonias cercanas al llamado kilómetro 26.
Sólo ha habido patrullajes para la foto, pero no se han metido a las brechas y lugares indicados por los familiares, por eso también no es raro que hasta ahora no se haya recuperado ningún vehículo ni ninguna de las pertenencias de las víctimas. La respuesta es simple: porque no han hecho su trabajo.
Y qué le digo de las instancias federales, háblese de la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez; el comandante de la Guardia Nacional, Luis Rodríguez Bucio; el subsecretario de Derechos Humanos, Migración y Población, Alejandro Encinas, y el fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, quienes no se han pronunciado al respecto, pero lo que es peor, no han informado a la sociedad mexicana que están haciendo para encontrar a las personas desaparecidas, esto aun y cuando el gobierno de Estados Unidos, a través del Buró Federal de Investigaciones (FBI), sigue en la búsqueda, sin éxito, de Gladys Pérez Sánchez y sus dos hijos.
En Cortito: Lo más triste y deprimente de todo es que lo antes narrado, estimado lector, se reproduce en todos los ministerios públicos del país, y la Ciudad de México no es la excepción; ahí aflora el trato despótico, la prepotencia y corrupción entre el personal que ahí labora, desde los secretarios, los policías de investigación, los ministerios públicos, los que judicializan los casos, los encargados de las agencias y todos sus subalternos, etcétera.
Eso lo sabe la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, y la fiscal General, Ernestina Godoy, y si no, debieran saberlo. La fiscal debe dejar de dormir el sueño de los justos y de nadar “de a muertito” y darse vueltas sorpresivas, como lo hizo en su momento el procurador capitalino, Bernardo Bátiz, para por lo menos tratar de inhibir las raterías y malos tratos de su personal hacia los familiares de víctimas o usuarios en general.
Lo antes dicho por los ministerios públicos de la capital del país, hoy mal llamados quién sabe cómo porque ni siquiera eso han posicionado por el pésimo servicio que brindan, no ha llegado, ni llegará la 4T, mientras la fiscal siga lucrando a partir de presumir su cercanía con el Presidente.
Y más asusta porque su encargo irá más allá del sexenio, lo que significa que seguirá la corrupción, la prepotencia y el mal trato en esos nidos de ratas humanas, que adolecen del más mínimo escrúpulo, señal de decencia y, menos aún, sensibilidad social porque su patrón es el dinero.
Como dice el Presidente “cuánto tienes, cuánto vales”, frase que sigue galopando con fuerza en esos inhumanos lugares.
Nos cuentan que después de la detención del extitular de la División de Seguridad Regional de la extinta Policía Federal, Luis Cárdenas Palomino, y su ingreso a un penal de máxima seguridad acusado por tortura, en Palacio Nacional están midiendo el golpe mediático y político que tendrá la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, quien no ha parado en defender al secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch. El asunto toma relevancia ya que es más que conocido que el secretario de Seguridad de la capital del país entró a la Policía Federal gracias al apoyo de Cárdenas Palomino y fue uno de sus más cercanos colaboradores en los años 2008-2012. El escenario, nos dicen, es que Sheinbaum no podrá aguantar más golpeteo, después del sufrido por la tragedia de la Línea 12, y podría afectar más sus aspiraciones presidenciales, si Cárdenas Palomino señala de manera directa a García Harfuch de formar parte del equipo dentro de la Policía Federal que mantenía vínculos con la delincuencia organizada.
