En nuestros días, todo mundo busca ponerse bajo la sombrilla del Estado, para bien o para mal. Por todos lados empiezan a aparecer quejas y denuncias de la acción estatal, cuando en realidad son casos gubernamentales y, en muchas ocasiones, únicamente de ciertas áreas u oficinas.
Se ha generalizado la creencia de mencionar al Estado como el dador omnímodo de premios y castigos y, con ello, adquirir una relevancia que en la práctica y en los hechos son de dimensiones limitadas, pero que pueden dar notoriedad a quien se dice víctima.
En la semana que terminó, el abogado Juan Collado, y el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar recurrieron a este subterfugio para justificar actuaciones pasadas y, de alguna manera, recuperar –el primero- o acrecentar –el segundo- prestigio personal y profesional.
En ambos casos, la exageración o estridencia utilizada por quienes supuestamente fueron “oscuro objeto del deseo estatal”, en vez de ayudarles a mejorar su imagen pública, en realidad tuvieron el efecto contrario, en especial para el representante del Poder Judicial, cuya “denuncia pública” la hace después de una docena de años.
Que un jurista confunda los dichos presidenciales, presumiblemente ciertos, con una “acción concertada”, para influir en su decisión como ministro de la Corte, parece desmesurado, pues prácticamente estaríamos ante la aceptación de que el titular del Poder Ejecutivo “encarna” –por sí sólo- al Estado.
Del reconocido presidencialismo mexicano, estaríamos pasando a la versión cuatroteísta de “el Estado soy yo”, dada a conocer por los senadores de Morena, en defensa del mandatario sin nombre y sin estatua, ante las críticas formuladas por quienes tienen una visión distinta de cómo se conduce al país.
El Estado, lo conforman, además del territorio y el pueblo, los tres poderes (ejecutivo, legislativo y judicial), para establecer relaciones armónicas entre los suscribientes del pacto social que da origen a las naciones. Y la coerción es el otro elemento para garantizar su funcionamiento.
Según lo expresado por Arturo Zaldívar, en ningún momento se dio una conjunción de estos cinco elementos como para poder hablar de “acción concertada”.
El “mal ejemplo” ofrecido en esta ocasión por el presidente de la Corte, fue seguido por otro jurista, Juan Collado –preso por acusaciones de malos manejos y violaciones al marco jurídico-, quien acusa al ex consejero jurídico de la Presidencia de la República, Julio Scherer, a otros tres abogados y a un operador financiera por querer extorsionarlo.
De acuerdo con una nota publicada este domingo por el diario Reforma, Collado sostiene que los imputados realizaron hechos que tenían como fin “utilizar al Estado Mexicano y sus respectivas instituciones”, a efecto de que y les entregara diversas cantidades de dinero y otros bienes de mi propiedad.
Estamos, pues, frente a la “trivialización” de esta figura jurídico-política, utilizando su nombre como excusa para evadir o asumir responsabilidades que nada tienen que ver con ello. Al paso que vamos, la “encarnación del Estado”, la podrían reclamar para sí cualquier integrante de los tres poderes y de los tres niveles de gobierno y actuar coercitivamente.
Calificar de “golpistas” a los opositores y la existencia del delito de “ultrajes a la autoridad” vigente en el estado de Veracruz son claro ejemplo de la vulgarización del significado de Estado y de la proclividad a la “coerción” como forma de gobierno.
He dicho.
EFECTO DOMINÓ
La Comisión Federal de Electricidad (CFE) acumuló en 2021 una pérdida neta de 95 mil 371 millones de pesos, monto 10.90 por ciento superior en comparación con las pérdidas registradas en 2020. En el informe enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) señaló a factores externos: la volatilidad de los combustibles y la emergencia climática en Texas de haber repercutido en sus finanzas.
@Edumermo
