La reducción al presupuesto por 4 mil 913 millones de pesos en su presupuesto, las demandas penales contra consejeros electorales, las controversias ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral y ahora la injerencia del Gobierno Federal para presentar un “plan de austeridad”, viola la autonomía del Instituto Nacional Electoral y busca debilitarlo, afirmó el diputado del PAN, Héctor Saúl Téllez .
El secretario de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, recordó que Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados aprobaron un recorte de 4 mil 913 millones de pesos, lo que impactó negativamente en la organización de la consulta ciudadana de revocación de mandato; esto, sin debatir o analizar las reservas que el PAN presentó al respecto en su momento.
Dijo que cuando el Consejo General del INE determinó que con los recursos existentes no se puede realizar de manera correcta y eficaz dicha consulta, determinó suspender los trabajos de organización mientras el Tribunal Electoral emitía una resolución que presentó el propio Instituto para allegarse de más recursos.
En respuesta, agregó, el gobierno y legisladores de Morena iniciaron una estrategia de amago y amedrentamiento contra algunos de los consejeros electorales.
“Aun cuando existe una resolución del Tribunal Electoral que ordena a la Secretaría de Hacienda responder al INE sobre el presupuesto que requiere para organizar y ejecutar la consulta de revocación de mandato, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, anunció un plan de austeridad elaborado por el Gobierno Federal para el Instituto, con el propósito de ahorrar dos mil 972 millones de pesos para realizar el ejercicio ciudadano”, explicó.
Recordó que el artículo 41 fracción V, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce al Instituto Nacional Electoral como organismo público autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, que tiene la función de organizar las elecciones federales, y en el ejercicio de esta función se rige bajo los principios rectores de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad.
Por otro lado, abundó, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales en su artículo 29 establece respecto a la autonomía del INE, su relación del Instituto con el Poder Legislativo y los partidos políticos, así como su autonomía presupuestaria y de toma de decisiones para llevar a cabo su encomienda.
En consecuencia, Téllez Hernández afirmó que el Gobierno Federal violenta con su propuesta de plan de austeridad la autonomía del órgano electoral al sugerir “respetuosamente” medidas de recortes a su presupuesto o decisiones presupuestales que a todas luces le corresponden únicamente al INE.
“Desde el recorte presupuestal el INE solicitó mayores recursos para efectuar la revocación de mandato presidencial. La respuesta, una estrategia para amedrentar al Instituto a través de recursos legales y diversos medios para que se realice este instrumento de participación ciudadana; sin embargo, es importante señalar que dichas acciones y su ‘plan de austeridad’ son un chaleco de fuerza para el INE, que no está obligado a hacer lo imposible si no hay presupuesto”, destacó.
Agregó que el “plan de austeridad” se elaboró sin tener conocimiento de la operatividad del INE y vulnera derechos laborales ya adquiridos, los cuales no deberían de ser objeto de análisis y reducción.
Sostuvo que como lo mencionaron los consejeros del INE se propone reducir mil 336 plazas directivas; pero en el instituto sólo cuenta con 121 dentro de esas categorías. Lo más grave es que plantean tomar recursos del Fideicomiso creado para los pasivos laborales del INE, es decir, para beneficio de los trabajadores.
“Esto, de entrada, traería consigo el afectar derechos de terceros para llevar a cabo la revocación. Además, el Consejero Presidente señaló que la propuesta carece de tal seriedad que promete respetar al personal sindicalizado, cuando en el organismo autónomo no existe un sindicato”, explicó.
Dijo que al existir una resolución judicial del Tribunal Electoral, donde ordena a la SHCP responder a la brevedad al INE sobre el presupuesto que necesita para llevar a cabo la consulta de revocación de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador; lo que procede es el cumplimiento por parte de la Secretaría a este mandato judicial, al ser una sentencia firme.
