En fast track y en seis horas de debate, diputados de Morena y sus aliados de los partidos del Trabajo (PT) y el Verde Ecologista de México (PVEM) avalaron con 267 votos y 210 en contra de los legisladores de oposición el decreto por la que la difusión de la revocación de mandato no sea considerada propaganda gubernamental.
La iniciativa, promovida por el diputado de Morena Sergio Gutiérrez Luna señala que la propaganda gubernamental debe entenderse como el conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones y proyecciones difundidas bajo cualquier modalidad de comunicación social, con cargo al presupuesto público, etiquetado de manera específica para ese fin por un ente público.
El morenista Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros señaló que “lo que estamos haciendo es algo completamente constitucional, está previsto en nuestra Constitución la facultad de interpretar”.
Precisó que no se cambia ninguna ley, “no cambiamos ninguna de las reglas electorales; estamos también respondiendo al mal uso que están haciendo consejeros electorales”.
La oposición rechazó el “albazo legislativo de Morena y sus aliados”, para aprobar el proyecto de decreto que interpreta el alcance del concepto de Propaganda Gubernamental contenido en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, y en la Ley Federal de Revocación de Mandato, para que las expresiones de servidores públicos sobre la consulta no sean consideradas propaganda gubernamental.
Desde la máxima tribuna, el diputado panista Marco Humberto Aguilar dijo que esta desvergonzada maniobra parlamentaria de Morena pretende quebrar de manera definitiva el sistema de división de poderes sobre el que está constituido el Estado mexicano; “literal, el proyecto se duele de la evolución de los criterios interpretativos que en materia de utilización indebida de recursos del Estado, para favorecer a una fuerza o actor político”, afirmó.
Recordó que el Congreso de la Unión no cuenta con la facultad para interpretar las leyes que expide, en todo caso, dijo, puede interpretar a su régimen interno, parlamentario y administrativo.
“Mayoría sin técnica, mayoría sin capacidad jurídica, mayoría sin razonamientos sólidos, coherentes y sostenibles, equivale a una mayoría indolente, irracional e incapaz, que produce piezas legislativas que no le sirven al pueblo de México y que sólo puede ser celebrados por los sumisos a su líder”, precisó.
Además, denunció que existe un monitoreo de páginas de internet y de redes socia-les, en donde Morena y sus aliados, violaron la restricción legal y aplicaron recursos públicos en diversos eventos de la recolección de firmas.
En su oportunidad, el también panista Santiago Torreblanca Engell acusó que lo que pretende la “indigna mayoría”, no es interpretar una ley, sino realmente legislar violando el proceso legislativo.
Del PRI, la diputada Marcela Guerra Castillo afirmó que votarán en contra porque el proyecto ignora el trabajo legislativo. Indicó que la fundamentación jurídica es errónea ya que el artículo 72, inciso f) de la Constitución sí establece una facultad del Congreso de la Unión de interpretar leyes vigentes, pero no de interpretar esas leyes vigentes para cambiarlas.
No se puede permitir que la Cámara de Diputados se transforme en una institución que vulnere el marco constitucional. “La dignidad del cargo del legislador nos obliga a actuar con responsabilidad para no vulnerar el Estado de derecho”, agregó.
Gerardo Fernández Noroña, diputado del PT, afirmó que no está a discusión el derecho de un legislador a presentar una iniciativa solo por su carácter de presidente de la Mesa Directiva, y consideró inaceptable que se siga tolerando “la acción facciosa de boicot del INE a la consulta de la revocación de mandato”.
